Se necesita diálogo sobre riesgos que se enfrentan. Tema de seguridad requiere acciones concretas.
Cuando hay políticas institucionales, de Estado, de largo plazo, los resultados positivos para la sociedad resultan evidentes. En el caso de la seguridad, desde el Plan Colombia, los gobiernos y la sociedad han destinado recursos y apoyo institucional a nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar el terrorismo y el crimen, y así proteger los ciudadanos y proyectar el desarrollo del país. La seguridad ha sido y debe ser una prioridad nacional. Por ello es necesario mantener vivo un diálogo realista entre los colombianos sobre los riesgos que se enfrentan.
La experiencia me permite señalar que los resultados, el fortalecimiento y el desarrollo de capacidades superan los discursos y las frases con lugares comunes. La transformación permanente de las FF. AA. es un esfuerzo de adaptación que requiere de planes efectivos, presupuesto, capacidades y un marco normativo que dé garantías a los uniformados en la aplicación de la ley.
A mediados del 2015, las FF. AA. se encontraban en el mejor momento de su historia reciente con 466.000 efectivos y capacidades navales, fluviales, aéreas, terrestres y policiales más modernas. Gracias al esfuerzo económico de los colombianos y a una estructura de fuerza desarrollada durante 15 años, militares y policías lograron golpes decisivos contra las organizaciones ilegales (118 jefes de estructura 2011-2015), y la mayor erradicación de cultivos e incautación de droga frente a la producción potencial –2 de 3 toneladas producidas– entre 2012 y 2013.
Estos éxitos no se consiguieron de la noche a la mañana, son el resultado del esfuerzo de gobiernos sucesivos y múltiples gestiones. Como testigo de excepción por 20 años, puedo asegurar que el trabajo de una generación completa de militares, policías y tecnócratas extraordinarios dio lugar a planes metódicos que disminuyeron dramáticamente el secuestro y el homicidio, acabaron la capacidad terrorista de destruir pueblos y masacrar comunidades, y reforzaron la ocupación del territorio, la defensa de la soberanía y la integridad territorial.
La suspensión de las distintas formas de lucha contra el narcotráfico (Catatumbo 2013/fin de aspersión 2015) generó espacios y recursos para la adaptación de grupos ilegales, la definición de retaguardias estratégicas y el desarrollo de alianzas.
Lamentablemente no fuimos escuchados frente a los riesgos que implicaba debilitar la lucha contra el narcotráfico y la acción decidida de las FF. AA., tanto para la negociación con las Farc como para el futuro del país.
La desestimación del impacto que esto tendría sobre el incremento de la violencia y el control social y económico en las regiones por parte de grupos ilegales estuvo acompañada de decisiones que terminaron debilitando las FF. AA., como la caída del presupuesto a 3,1 % del PIB en 2018 y la disminución del pie de fuerza del Ejército y de la Policía.
La restricción a las autoridades operacionales, la pérdida de capacidades de la inteligencia militar y el freno a la recuperación de la seguridad jurídica de las FF. AA.
también limitaron la disuasión frente a engaños en la negociación. Asimismo, se congelaron la inversión en construcción y adquisición de equipos. En un contexto de seguridad cambiante, dichas decisiones evolucionaron en un panorama complejo que ahora debemos enfrentar con urgencia. Lo demás es historia.
Los desafíos
Un desafío clave es el narcotráfico, combustible de todos los males del país, responsable de la actual violencia y la futura. En 2018, el Simci reportó 171.000 ha de coca y el Mindefensa, una baja de las incautaciones de cocaína en 20 toneladas. Esto significa millones de dólares para la criminalidad. Prueba de esto es el fortalecimiento acelerado del Eln en integrantes y presencia territorial. Debido al narcotráfico –y de la minería criminal– también se han incentivado la reincidencia de excombatientes y el posicionamiento de la retaguardia dejada por las Farc en el oriente del país y la frontera con Venezuela.
La disminución del pie de fuerza dio lugar al debilitamiento del control territorial, aumentando la violencia y el terrorismo. En 2018 crecieron los homicidios en zonas cocaleras y mineras, los actos terroristas (150) y atentados contra infraestructura crítica (125), así como los asesinatos de líderes sociales.
El fortalecimiento policial entre 2007 y 2014, el cual incorporó 45.000 policías adicionales, incrementó la movilidad, la tecnología y la activación de 16 Policías Metropolitanas, sumado al fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación, lo cual impulsó la protección de los ciudadanos. Entre 2012 y 2018 hubo una reducción efectiva de 3.598 homicidios, de los cuales un 88,4 % se registró en las grandes ciudades, pero no como consecuencia del acuerdo de paz como se aseguraba (11,6 % de muertes asociadas al conflicto).
Tras la reducción sostenida del homicidio hasta 2017, este delito aumentó en 604 casos, siendo el peor resultado desde 2015. Igualmente aumentaron las diferentes modalidades de hurto -persona (251.492) y comercio (54.903) los de más impacto-, manteniéndose la tendencia al alza. Estos resultados evidencian el debilitamiento del esfuerzo en fortalecimiento y deterioran la percepción de seguridad.
Las encuestas Cómo Vamos, en Bogotá, han mostrado un 57 %, Cali (34 %) y Medellín (25 %) en 2018 frente a años anteriores, principalmente por el microtráfico y el aumento de la delincuencia con uso de violencia.
A partir de 2007 se adquirieron, construyeron y modernizaron las capacidades militares para proteger nuestra soberanía, un proceso de modernización y fortalecimiento que se frenó principalmente por razones fiscales, aumentando los riesgos a la soberanía.
De los 142 incidentes fronterizos registrados desde el año 2000 en la frontera con Venezuela, 32 ocurrieron solo en el 2018, y la integridad territorial en nuestras aguas del Caribe enfrenta una amenaza creciente.
El entrenamiento y asesoría brindados a países en la región y la relación con EE. UU. y la Otán son acciones significativas en la construcción de seguridad regional, pero no suficientes para proteger la nación. La defensa de los intereses de Colombia no es delegable a nadie y depende de sus propias capacidades. Más aún en un escenario geopolítico enrarecido, con crimen transnacional, riesgos territoriales con Nicaragua y total inestabilidad de Venezuela.
Retomar la vanguardia
En buena hora, el Gobierno quiere darle prioridad a la seguridad y protección de los colombianos. La cúpula militar y policial está conformada por oficiales a quienes reconozco por su conocimiento, profesionalismo y desempeño, que tienen una tarea que requiere apoyo pleno y decidido de los colombianos y del Estado.
La reciente publicación de la Política de Defensa y Seguridad es un paso en la dirección correcta. Nos alegra que esta haya tomado como base el compendio de 8 tomos, Fuerzas Armadas, más fuertes que nunca, publicado en junio de 2015 y que definió los lineamientos de una visión estratégica para los siguientes 20 años.
No obstante, hay que decir las cosas como son. La vigorización de la iniciativa estatal sobre la seguridad y la protección de los colombianos requieren de planes enfocados, el fortalecimiento del pie de fuerza, la moral de la tropa, las capacidades y la diplomacia de la seguridad. Preocupa la poca claridad sobre los recursos que se destinarán a esto tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la Política. Nada más peligroso que quedarse en el discurso.
Recuperar la iniciativa
Enfrentar el actual contexto de seguridad requiere de acciones concretas:
– Recuperar los 20.000 soldados disminuidos al Ejército y aumentar los efectivos policiales a 200.000, dando la posibilidad a los alcaldes de financiar el aumento del personal policial bajo el mando de la Ponal.
– Implementar planes de educación, cultura y deporte en las áreas de influencia de organizaciones ilegales.
– Fortalecer la inteligencia técnica y robustecer los programas de información y recompensas.
– Recuperar la operatividad de los ingenieros militares y relanzar el programa de desmovilizados.
– Aumentar la disponibilidad de jueces, fiscales y cupos carcelarios (40.000).
– Desarrollar centros de comando y control que integren sensores, cámaras y drones para la seguridad ciudadana.
– Implementar un sistema de registro, control e identificación de armas.
– Renovar la flota de aeronaves de superioridad, garantizar el alistamiento helicoportado y adquirir un sistema de defensa aérea.
– Reactivar el fortalecimiento de capacidades oceánicas, fluviales, blindadas, de contramedidas, de ciberdefensa y ciberseguridad.
– Atender las necesidades de los miembros de las FF. AA.: actuar frente al déficit de sanidad militar y policial, invertir en la defensa técnica especializada de los uniformados, aprobar las leyes estatutarias de la Justicia Penal Militar y del veterano.
– Aprobar la Ley de Seguridad y Defensa Nacional.
El Gobierno tiene la inmensa responsabilidad de retornar a una visión estratégica exitosa que hizo inviables a las Farc y desmanteló organizaciones criminales, aumentó la protección de los ciudadanos y ha disuadido los factores externos que amenazan la nación. El reto para el Congreso y la sociedad es velar por la ejecución de una política pública que interprete esa visión y brinde garantías a las FF. AA.
La seguridad y defensa es para el beneficio y protección de todos los colombianos. El impulso a la inversión, el empleo y el turismo serán las consecuencias de avanzar en este frente.
Publicado en El Tiempo el 21 de febrero 2019
