De acuerdo con la ONU, para 2030 Bogotá será una megaciudad. Esa realidad traerá ventajas en materia de productividad, crecimiento y empleo, pero también grandes retos, como proveer bienes y servicios a los millones de nuevos habitantes que tendrá la ciudad. El primer requisito para enfrentar este reto es tener claro de dónde saldrán los recursos para lograrlo. A poco más de dos meses de las elecciones para la Alcaldía de Bogotá, es poco o nada lo que los candidatos hablan de la planeación financiera que liderarán para enfrentar este crecimiento.
La capital posee una amplia capacidad para generar ingresos propios. Los ingresos tributarios para 2018 representaron 91,5% de los corrientes. La ciudad también tiene buen desempeño en sus finanzas públicas. Según el Índice de Desempeño Fiscal del DNP, Bogotá ocupa el puesto 20 dentro del total de municipios y es la primera capital del ranking. Tiene bajos niveles de endeudamiento (1,38%) y un buen nivel de sostenimiento de deuda (10,34%).
Sin embargo, este panorama puede nublarse debido a tres factores. En primer lugar, $9 billones del presupuesto están comprometidos en vigencias futuras para la concesión de colegios; los hospitales de Usme, Bosa y Santa Clara; el nuevo CAD; la implementación del nuevo Sisbén y la primera línea del metro. Además, la administración Peñalosa logró que el Concejo casi le cuadruplicara el cupo de endeudamiento al pasar de $1,9 billones a $7,2 billones. Una vez se contraten y se pongan en marcha las obras, las cuentas cambiarán. Esto es una realidad, y tanto Standard & Poor’s como Moody’s lo han mencionado en sus últimos reportes, donde resaltan que, asumiendo la ejecución de la infraestructura, la deuda de la capital alcanzará niveles de 22% de sus ingresos en 2019, subiendo a 31% para 2022. Las próximas dos administraciones tendrían que reservar mínimo $1 billón anual para el pago de la deuda (frente a los $300.000 millones actuales).
En segundo lugar, a diciembre de 2018, 38,5% de la deuda neta de Bogotá estaba denominada en moneda extranjera. Hoy, Bogotá no tiene mecanismos que permitan mitigar el riesgo cambiario, y lo que se prevé es una tendencia al alza del dólar, generando más presiones a las finanzas.
Por último, los ingresos tributarios de la ciudad dependen en 65% de impuestos a la actividad económica. Así, la capacidad de generar ingresos propios podría verse afectada por la alta correlación con los ciclos económicos o por políticas públicas (Bogotá tiene tarifas tributarias más altas que sus vecinos). De hecho, la participación del ICA en el recaudo tributario ha bajado 10 pp desde 2009 y, si bien parte se explica por la importancia que ha cobrado el predial, en los últimos tres años se observa una caída promedio en el recaudo del ICA de 2,23%.
Nada de lo mencionado tendría por qué generar una crisis financiera para Bogotá. Lo preocupante es que no sepamos cuáles son las propuestas de los candidatos. Bogotá tiene que pensar a largo plazo, y para hacerlo es necesario el buen manejo de sus finanzas. Es importante que el próximo gobernante tenga la seriedad para cumplir con compromisos adquiridos y la capacidad para buscar fuentes alternativas de financiación afiliados al crecimiento económico, a incentivos a la inversión y a la recomposición de activos.
Necesitamos también un Concejo a la altura de los retos de la capital, dispuesto a dar las discusiones necesarias. Y necesitamos una ciudadanía que sepa la responsabilidad que está en sus manos el 27 de octubre, que exija resultados, que sea garante del desarrollo y que esté dispuesta a jugársela toda por ¡Bogotá!
Publicado en La República el 17 de agosto de 2019
