Análisis del impacto de la ley de financiamiento a ese sector de la población.
La estabilidad macroeconómica del país es una de las fortalezas que históricamente han reconocido los expertos. Es muy importante conservar ese balance. Ese prestigio se traduce en menor costo de capital y más inversión frente a otros competidores globales.
Por eso, la situación fiscal del país no pone en duda la necesidad de un nuevo intento por reformar el sistema tributario colombiano. Recaudar recursos para cubrir el déficit del presupuesto del 2019, buscar una mayor formalización de las empresas, garantizar el cumplimiento de la regla fiscal y simplificar el sistema tributario son, sin lugar a duda, motivaciones absolutamente válidas para impulsar el proyecto de ley de financiamiento. Sin embargo, la gran pregunta es si el enfoque actual del proyecto sí garantiza el cumplimiento de esos objetivos.
Bajar los impuestos sobre la renta empresarial es acertado si queremos seguir atrayendo inversión al país. Según el último reporte del Doing Business (2018), la tasa de impuestos total o tasa efectiva de tributación en Colombia es del 69,7 por ciento, lo que nos ubica en el puesto 16 de 18 del ranking en América Latina. Incluso llegando a la tarifa del 30 por ciento, propuesta en la ley de financiamiento, seguiríamos por encima del promedio de la tasa de renta empresarial de América Latina (27,9 %) o de los países de la Ocde (21,9 %).
El asunto es claro, si no tenemos un costo tributario competitivo, la inversión llegará a crear empleo y crecimiento en otros países, y las familias colombianas perderán oportunidades.
Sin embargo, uno de los grandes retos es cómo esa reducción en la tasa de renta termina aumentando la productividad del país en lugar de profundizar la brecha económica y social.
La razón de esta preocupación es el resultado reciente de un estudio elaborado por el profesor del Harvard Business School Ethan Rouen et al. (2018), que demuestra que reducir los impuestos corporativos en Estados Unidos lleva a un aumento en la desigualdad de ingresos, pues conduce a mayores retornos de capital reportados y una disminución en los salarios.
No podemos perder de vista que el activo más importante que tienen las empresas es su capital humano, sus empleados. Desde el punto de vista de capital social, los empleados que devengan un salario formal son, en esencia, la base de la clase media y la fuente del consumo de los hogares. Son el motor de la actividad económica.
Según los últimos datos del DNP, la clase media en Colombia pasó del 57,6 por ciento en el 2009 al 70,8 por ciento en el 2017. Se estima que en promedio el gasto mensual de una persona de ingresos medios es de 750.000 pesos. Este consumo es muy importante para la economía del país, y además representan el 54 por ciento del recaudo de IVA. Afectar su bolsillo eliminando los beneficios tributarios del ahorro en pensiones voluntarias, cesantías, cuentas AFC y medicina prepagada es regresivo y negativo para el futuro económico de corto y mediano plazo.
El proyecto también afecta a otro segmento de la clase media, a los pensionados, quienes han trabajado toda su vida, pagando impuestos y han logrado obtener el derecho a una pensión (que en el país es considerado un lujo y no un derecho); ahora van a tener que tributar si reciben más de 4 millones de pesos. Para aquellos que ni siquiera logran alcanzar el valor mencionado y que reciben a partir de 1,6 millones tendrán que pagar una retención inicial del 10 por ciento.
El proyecto de ley de financiamiento como se explica va en el sentido adecuado mejorando la competitividad de las empresas. Pero se queda corto para lograr mayor equidad, a costa de la clase media, poniendo en riesgo el aumento de la productividad y la formalización.
Por lo anterior, resulta importante invitar al Congreso y las autoridades fiscales a que analicen con detenimiento la conveniencia de algunas propuestas y planteamientos que sugerí en la última contienda electoral, que efectivamente permitan lograr un sistema tributario simplificado y que mantenga la estabilidad macroeconómica del país:
- Modelo de renta empresarial escalonado en un rango entre 20 y 30 % para empresas que creen empleo nuevo.Para pymes, una tasa progresiva, que parta del 0 % y en un período de 5 años las lleve a la tasa general. El efecto logra incentivar la formalización.
- Optimizar el gasto del Estado progresivamente, logrando mejoras de varios puntos en el PIB (entre 5 y 10 %), introduciendo el concepto de eficiencia en la asignación de los recursos.
- Simplificar los trámites tributarios. Esto genera costos innecesarios elevados a las empresas.
- Controlar la evasión y el contrabando para obtener un recaudo adicional anual cercano al 2 % del PIB en el mediano plazo. Debemos modernizar la Dian.
- Acelerar la actualización de la información catastral para garantizar mayor recaudo de impuestos territoriales.
- Mantener los incentivos tributarios al ahorro pensional voluntario, cesantías, cuentas AFC y medicina prepagada. En este tema, vale la pena adicionar que eliminar los incentivos al ahorro pensional genera riesgos a los fondos de pensiones.
- Depurar las bases de datos de los programas sociales. Para reducir la desigualdad y salvaguardar los recursos públicos tenemos que revisar cómo y a quién le está llegando esta ayuda, pues estudios indican que, con gasto social, Colombia mejora el Gini en únicamente 0,02 puntos.
- Establecer impuesto de renta a la tierra no productiva. De esa manera se logra además atraer los capitales productivos y ajustar el uso del suelo a su verdadera vocación.
- Reducir la tasa del IVA al 10 %, sujeta la base universal sin ninguna exención. A pesar del incremento en la tasa del IVA del 16 al 19 % en 2016, su recaudo como porcentaje del PIB solo pasó de 5,3 al 6 % entre 2016 y 2017. Esto evidencia el bajo nivel de productividad de este tributo, el cual es producto de las múltiples exclusiones y exenciones, de la existencia de tarifas diferenciales y del alto grado de evasión y elusión.
Publicado en El Tiempo el 28 de noviembre 2018
