Esto implica restablecer programa de aspersión aérea focalizada e intensiva, entre otras acciones.
Tuve el honor de dirigir las revisiones estratégicas de lucha contra el narcotráfico en 2007 y 2011, bajo el principio de que solo una estrategia integral –con diversas herramientas y múltiples dimensiones– es la única alternativa para enfrentar este flagelo. Ese enfoque permitió reducir las hectáreas de coca de 98.999 en 2007 a 48.189 en 2013 según el Simci, la producción más baja de coca y cocaína en la historia. Asimismo, alcanzar la incautación del 66 % del potencial de producción.
Sin embargo, en contra del éxito demostrado, a partir de agosto de 2013 se suspende la erradicación forzosa de coca en el Catatumbo, luego en Putumayo, decisiones que evolucionarían a la suspensión de las aspersiones en todo el país en 2015, contradiciendo las recomendaciones del Ministerio de Defensa y las evidencias expuestas al Consejo Nacional de Estupefacientes en la sesión del 14 de mayo de ese año. Todo esto en un sospechoso contexto de concesiones para hacer “exitosa” la negociación con las Farc.
De otra parte, a partir del segundo semestre de 2015 se inició una disminución continua de los efectivos del Ejército y la Policía que hoy significa una reducción de 35.000 miembros de las FF. AA., no se definió el marco legal necesario para la operación de las FF. MM. en el posconflicto y se debilitó el presupuesto del sector, pasando de 3,5 % del PIB en 2013 a 3,1 % en el 2018.
Estas decisiones se tradujeron en el debilitamiento de la capacidad de ocupar y proteger los territorios, originando una bonanza cocalera de más de 209.000 hectáreas, la falta de efectivos en las ciudades, el debilitamiento de la acción integral y la pérdida de credibilidad en las instituciones de seguridad y desarrollo alternativo. Adicionalmente, en el ecocidio causado por un aumento de la deforestación en departamentos cocaleros –desde 2016, según el Ideam– y la contaminación por culpa de una mayor cantidad de cocaína procesada.
La violencia aumentó. En 2018, los municipios cocaleros registraron una tasa de 120 homicidios por 100.000 habitantes, siendo la nacional de 25. En paralelo se registró un aumento en el consumo de cocaína y bazuco entre personas de 12 a 24 años. También se fortalecieron las organizaciones ilícitas y su poder corruptor, así como su presión económica y social en zonas cocaleras.
Asimismo, se deterioró la relación estratégica construida entre Colombia y EE. UU. durante 20 años, se fortalecieron el crimen transnacional organizado y las bandas criminales y grupos armados que, desde Venezuela, amenazan nuestra soberanía. Una amenaza crítica para la seguridad nacional y la seguridad regional.
Los graves efectos del desmonte de la estrategia antinarcóticos son razones suficientes para hacer un análisis crítico del esfuerzo que le permitió al país alcanzar el mínimo histórico de hectáreas de coca en 2012 y 2013, incorporar herramientas novedosas que aseguren la desarticulación del narcotráfico y establecer una respuesta integral contra esta maldición.
Esto implica restablecer el programa de aspersión aérea de forma focalizada e intensiva, dado el pronunciamiento de la Corte Constitucional, y acciones en varios frentes: 1) adelantar investigaciones para desarrollar alternativas biotecnológicas contra el cultivo, 2) comprar las cosechas a quienes sustituyan cultivos por un periodo inicial de 5 años, 3) desarrollar un plan de prevención y atención al consumo de drogas, 4) reactivar el programa de guardabosques, que no solo aporta al control de cultivos sino de la deforestación en áreas protegidas y parques naturales, 5) ejecutar un plan de vías terciarias en zonas afectadas por los cultivos ilícitos, 6) fortalecer la inteligencia y contrainteligencia contra el lavado de activos, 7) elevar la cooperación en Centroamérica y el Caribe, 8) adquirir capacidades navales que eleven la interdicción marítima y 9) recuperar el pie de fuerza perdido desde 2015.
Publicado en El Tiempo el 18 de agosto 2019
